Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Johana Bastidas Terán, una venezolana de 40 años de edad radicada en Perú, perdió las manos cuando manipulaba una máquina inyectora de calzados en la fábrica clandestina donde trabajaba, en la ciudad de Lima, Perú.

«Perdí mis dos manos, tanto la derecha como la izquierda. Yo ya no me puedo valer por mí misma, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mi vida cambió completamente», contó a ATV Noticias.

Terán llevaba un mes trabajando como obrera en la fábrica Kaprichos en Diseño Textil S.A.C. Laboraba casi 12 horas al día, sin contrato, sin seguro ni implementos de seguridad.

La mujer contó asimismo que el día que tuvo el accidente, a mediados del mes pasado, sus manos se quedaron atascadas en la máquina inyectora durante 25 minutos, en los que sus dedos y gran parte de las palmas resultaron triturados.

«Mi hermana empezó a gritar, a ver cómo sus manos se iban moliendo, cómo los huesos de sus dedos iban sonando. 25 minutos, más o menos, quedaron sus manos atrapadas ahí", detalló Yenny Bastidas, hermana de la Terán.

«En lo que apagan la máquina ya vemos que está saliendo la sangre, sonaba cuando se partían mis dedos triturados, mis huesos", agregó la agraviada.

Esta fue trasladada a la Clínica San Pablo, en El Surco, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle sus manos, pese a que fue sometida a cinco operaciones.

Debido a que ya no puede valerse por sí misma, Terán exige una reparación civil.

Por su parte, la abogada de la empresa, Martha Lao, le dijo que lo mejor era aceptar una indemnización.

«¿Usted sabe cuánto cuesta un muerto, señora, en la Fiscalía? Un muerto, 5.000 Soles. Una mano, ¿cuánto cree que cuesta? 2.000 o 3.000 Soles. Por eso le digo, es mejor que él le pague la indemnización. Acá en el Perú es así», le dijo la abogada.

«Para mí, mis manos no tienen precio. Yo con mis manos trabajaba, yo soy la que mantengo a mis hijas en Venezuela. Tengo 2 hijas, 4 nietos. Yo era su sustento, ahora no puedo seguir trabajando», manifestó Terán.

Los propietarios de la empresa, Edison Daniel Vilca LLano, de 32 años de edad y Pierina Selene Beltran Ramos, de 30, fueron denunciados ante el Ministerio Público y Sunafil.

El primero de junio de este año la fábrica fue clausurada por no tener licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. Sin embargo, continúo operando de manera clandestina y dos semanas después de esta intervención, Terán tuvo el accidente.

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR