El tráfico del patrimonio cultural es una actividad que conecta desde anticuarios y políticos en Buenos Aires hasta narcos en Guatemala, y desde coleccionistas bajo sospecha en México hasta diplomáticos en Costa Rica y Perú. Este especial –conformado por varias entregas– fue realizado entre cinco equipos periodísticos del continente y revela el esquema del mercado internacional del arte que permite la venta de objetos robados de templos, museos públicos y colecciones privadas. Es la primera investigación periodística del tráfico cultural con datos masivos e incluye un banco de datos que constituye el inicio del primer censo latinoamericano de bienes culturales robados.

A iniciativa de OjoPúblico, se conformó una alianza de equipos periodísticos integrada por La Nación (Costa Rica), Plaza Pública (Guatemala), Animal Político (México) y Chequeado (Argentina).

Una imagen muy clara del tráfico de bienes culturales en México es una iglesia donde los fieles se hincan ante ocho imágenes falsas. El altar mayor de la parroquia de Santa Isabel de Portugal —ubicada en la colonia Santa Isabel Tola, un barrio pobre en el noreste de la capital— es un retablo de oro que luce una Virgen de Guadalupe, una escena de la Crucifixión de Cristo a la que flanquean dos imágenes de arcángeles, y cuatro retratos de santos. Todas son copias de pinturas de los siglos XVII y XVIII que fueron robadas en agosto de 2008.

Aquel día, el párroco Jaime Hernández mandó a repicar las campanas para anunciar el robo. El sonido de esa alerta está tan vivo entre los pobladores de Santa Isabel Tola como las versiones y especulaciones que surgieron después y que pronto fueron puestas en duda. Por ejemplo, que los ladrones no pudieron entrar por la ventana porque es demasiado pequeña; o por qué no había vigilancia si las pinturas eran tan valiosas; o las razones de que la Policía no actuara si había sido alertada esa misma madrugada, y los agentes ni siquiera quisieran entrar al templo para revisar lo que había ocurrido.

Parroquia de Santa Isabel de Portugal.

Mientras la investigación seguía su curso, el padre Hernández y los pobladores de Santa Isabel Tola juntaron poco más de medio millón de pesos —casi 30 mil dólares— con rifas y colectas para mandar a hacer réplicas y revestir el altar de su templo. Sabían que las piezas originales nunca serían recuperadas.

La realidad les da la razón: nueve de cada diez bienes culturales  —entre los que se cuenta piezas arqueológicas, objetos litúrgicos y arte religioso— reportados como robados en México nunca son recuperados, según cifras oficiales revisadas por Animal Político como parte del proyecto Memoria Robada, la primera investigación regional sobre tráfico de patrimonio cultural con datos masivos.

La revisión incluye información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 2003 hasta la fecha, sobre robo de bienes culturales como las imágenes robadas de la Iglesia de Santa Isabel.

En los últimos 13 años, el INAH ha acumulado una lista de 4 mil 757 objetos arqueológicos o históricos con reporte de robo en México, que es considerado un delito federal. Sin embargo, la PGR sólo tiene datos de 67 obras recuperadas en ese lapso y restituidas a su lugar de origen. El cruce sugiere que la capacidad de recuperación es de apenas 1.4%.

Animal Político solicitó una entrevista con la directora del área de conservación del patrimonio del INAH —organismo encargado de la conservación y protección de las piezas arqueológicas e históricas anteriores al siglo XIX—, pero fue rechazada.

“Ni las autoridades eclesiásticas ni el gobierno mexicano prestan atención al saqueo en el país”, dijo en entrevista Elisa Vargaslugo, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las principales voces en el ambiente cultural mexicano, quien exige coordinación entre instancias de gobierno para poner fin al robo y tráfico de arte.

Los registros oficiales no sólo muestran pocos resultados en la recuperación de bienes culturales robados: también revelan carencia de información, seguimiento y descoordinación entre los responsables del tema.

Desde 2003, el INAH ha dado cuenta de al menos 333 casos distintos de robo, todos reportados ante la PGR, según pudo conocer Animal Político a través de un pedido de información pública. Sin embargo, en ese mismo lapso la PGR sólo tiene registro de 62 averiguaciones previas o indagatorias por distintos robos de bienes culturales reportados tanto por el INAH como por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que tiene a cargo la conservación y protección del arte contemporáneo. Es decir, la mayoría de delitos contra el patrimonio cultural mexicano ni siquiera llega a ser investigado.

Una muestra evidente es lo ocurrido en 2014. Ese año, el INAH registró 11 hechos distintos en los cuales se robaron un total de 230 piezas: 223 arqueológicas y siete históricas. La PGR señala que no ha iniciado alguna averiguación en ese periodo.

Animal Político solicitó una entrevista con la subprocuraduría especializada en este tipo de robos, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el Artículo 53 penas de hasta 12 años de prisión para quien saque del país, sin el permiso correspondiente, bienes culturales que son considerados patrimonio nacional.

También incluye penas de hasta 10 años de cárcel para quien dañe o altere bienes arqueológicos, históricos o artísticos, y para quien comercie con ellos, los transporte, reproduzca y exhiba sin la autorización debida.

Pero en casos como el saqueo en la parroquia de Santa Isabel de Portugal, ocho años después, no hay ningún responsable, nadie ha sido detenido y ninguna obra ha sido recuperada.

“No sabemos dónde están las pinturas. Tal vez algún día aparezcan en un museo de Europa”, dijo José Martínez, habitante de la zona.

México no conoce con certeza cuántas ni qué tipo de piezas constituyen el universo de su patrimonio de bienes culturales. No existe un registro pormenorizado y único sobre las piezas arqueológicas, de valor histórico (incluyendo el arte sacro) o artístico que hay en el país.

El investigador Bolfy Cottom, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo en entrevista que durante la última década esa institución ha avanzado en el propósito de catalogar todas las obras del país. Sin embargo, rechazó dar detalles de esos avances y señaló que el trabajo para lograr el registro “es inmenso” y el progreso, “lento”.

A la magnitud del reto, apuntó Cottom, se suma que año a año las instituciones culturales mexicanas sufren recortes de presupuesto y de personal: en 2012, el INAH y el INBA recibieron en conjunto 108.2 millones de dólares para ese fin. Para este 2016, el presupuesto de ambas instituciones para la conservación del patrimonio cultural fue de apenas 87.3 millones de dólares.

El presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para la Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación disminuyó en términos reales 28% en los últimos cinco años.

El recorte podría continuar, pues según los datos de la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto del gasto público 2017 del gobierno mexicano, la cifra para la protección de bienes culturales podría ser 8 mil dólares inferior.

Y no sólo es cuestión de presupuesto, el próximo año hay un nuevo reto: la entrada en vigor presupuestal de la Secretaría de Cultura.

Hasta diciembre de 2015 la conservación y protección del patrimonio cultural estuvo en manos de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), un órgano que estuvo a cargo de coordinar las actividades de todas las dependencias de gobierno vinculadas a cualquier tipo de actividad cultural.

Conaculta dejó de existir oficialmente el 18 de diciembre de 2015, pero como para ese entonces el presupuesto 2016 ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Cultura no tuvo presupuesto asignado.

En 2017, la Secretaría de Cultura ejercerá por primera vez recursos para la protección y conservación de bienes culturales a través de las nuevas unidades administrativas y oficinas ligadas al INAH y al INBA.

Será la primera vez que México contará con una secretaría de estado directamente vinculada al tema, pues siempre lo había hecho a través de subsecretarías u organismos descentralizados que eran coordinados por la autoridad educativa del país y no por una cultural.

Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, afirmó  en entrevista que el poco presupuesto para tener un registro público sobre las obras que el país posee facilita su robo y desaparición, pues muchas veces ni siquiera existen datos sobre las piezas y por eso es más sencillo venderlas y trasladarlas.

El caso de la parroquia de Santa Isabel de Portugal es un ejemplo. Trabajadores de la iglesia afirmaron que las autoridades culturales no hacían un seguimiento riguroso al estado de las obras en el templo. Cuando la comunidad optó por mandar a hacer réplicas de las pinturas robadas, no pudo acudir a registro oficial alguno. Los vecinos tuvieron que buscar imágenes de las obras en sus álbumes familiares para poder recrearlas.

Animal Político solicitó una entrevista al INAH sobre este caso, pero no obtuvo respuesta. En la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México dijeron que no tenían disponibles los datos sobre el robo ni las características de los óleos.

En el país existen más de 19 mil sitios dedicados al culto religioso, de acuerdo con información que aparece en la página del poder Legislativo mexicano.

El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler, encargado de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, dijo que para combatir la falta de registros la iglesia católica está elaborando un catálogo con las obras que se encuentran en cada uno de los templos del país.

El religioso reconoció en entrevista que completarlo podría tardar 15 años, a partir de este 2016, y que ello implica que continúe la pérdida de patrimonio:  “Como no existe un catálogo completo, pormenorizado, con todos los elementos de descripción, de medidas, de fotografías, entonces es muy difícil dar la información a aduanas, a la PGR, a los ministerios públicos, porque no se tiene un catálogo adecuado”.

En junio de 2010, el gobierno mexicano informó que el INAH, el Conaculta y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tenían un avance de 75% en la elaboración de un catálogo del arte sacro bajo resguardo en el país, pero seis años después las fuentes consultadas no pudieron confirmar la existencia o publicación del documento.

Del total de piezas que el INAH ha reportado como robadas y no han sido recuperadas en los últimos trece años, 827 —el 17.3%— son piezas históricas, entre las que se incluyen obras de arte sacro.

A estas cifras se suman los casos no reportados. El sacerdote José Raúl Hernández Schäfler reconoció que al faltar piezas en una iglesia, lo más común es que el mismo personal religioso elija no denunciar. Esto hace que muchos de los robos de piezas de arte sacro sean invisibles.

Según la PGR, el gobierno federal cuenta con un Catálogo de Bienes Culturales Robados que consta de 539 páginas con fotografías e información detallada sobre cada pieza robada, pero tras una solicitud de información pública dijo que el documento está reservado por tratarse de investigaciones en curso o información que forma parte de alguna.

La única información pública disponible con detalle sobre bienes culturales robados en México es la de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a la que Animal Político accedió como parte del proyecto Memoria Robada, una investigación internacional que analiza el tráfico de patrimonio cultural en América Latina.

La base de datos de Interpol sobre México cuenta con 320 registros que incluyen información sobre el tipo de obra, imagen o nombre de la pieza; sitio y fecha de desaparición, o detalles como tamaño y autor.

Aunque la información de Interpol se basa en la que reporta la misma PGR tras el robo de un bien cultural, los datos disponibles en México no coinciden con los de la policía internacional.

Interpol, PGR, INAH e INBA poseen un registro distinto sobre los bienes perdidos en el país, no sólo en cuanto a número de piezas desaparecidas, sino también respecto a los detalles de cada una, fechas o características.

“Si tuviéramos un catálogo en el que quedara perfectamente estipulado quién es el propietario, hablando de bienes del país, sería mucho más sencillo encontrar las piezas, rastrearlas”, dijo Paul Achar, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.

Las autoridades mexicanas no cuentan con información sobre qué obras con reporte de robo están bajo sospecha de haber salido del país. Los vecinos de la comunidad de Santa Isabel Tola rumoran que las pinturas robadas de su templo en agosto de 2008 salieron de inmediato hacia el exterior.

En realidad, no hay datos que confirmen o rechacen esa versión.

Mientras tanto, el INAH reporta que entre 2006 y 2016 logró recuperar piezas arqueológicas mexicanas en diez ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Mc Allen, El Paso, Laredo y San Antonio en el estado de Texas; Los Ángeles y San Francisco en California; Miami en Florida; y Albuquerque en Nuevo México. También en localidades no especificadas de Seattle, Kansas City, Boston, Brownsville y Carolina del Norte.

Ese instituto también ha recibido información de piezas robadas en México que en los últimos diez años han aparecido en Italia, España, Bélgica y Alemania.

El problema es que México cuenta con siete tratados bilaterales vigentes en materia de recuperación de patrimonio cultural, pero ninguno con un país europeo, sino con Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Belice, Perú, Uruguay y Chile.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechazó informar sobre el proceso para restituir bienes culturales robados al argumentar que se trata de negociaciones diplomáticas vigentes con esos países.

El sacerdote Jaime Hernández insistió en que ya no espera un avance de las investigaciones para recuperar los óleos de la parroquia de Santa Isabel de Portugal. Dijo que los actuales óleos “no le piden nada a los pasados” en belleza. Aunque las obras robadas eran del siglo XVII y XVIII, “las nuevas son obras muy fieles. El recuperar la vista del retablo y sus óleos nos hizo trabajar mucho, hizo conciencia en la comunidad, se bendijo nuevamente el retablo, y ya es de nuevo una expresión de la esperanza de la gente”.

Pero para otros habitantes consultados, el rendirle culto a réplicas en la iglesia sigue representando un agravio, el recuerdo de la falta de control sobre el patrimonio del pueblo, y de la falta de resultados de las autoridades.

“Al principio fue muy sonado el caso, pero ya no se sabe nada, nadie ha estado pendiente de la investigación”, dijo una mujer que trabaja en una panadería, frente a la iglesia donde la gente se hinca y reza frente al recuerdo de un robo.

El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.

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